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Congreso de Guatemala crea comisión de la verdad para recibir información sobre la CICIG

Por CNN en Español

(CNN Español) — La recién creada Comisión de la Verdad del Congreso de Guatemala inicio audiencias públicas este martes para “solicitar, recabar y recibir información” sobre la actuación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Este lunes, a través de un acuerdo legislativo firmado por el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, se creó una Comisión de la Verdad, que en lugar de investigaciones, realizará audiencias públicas para escuchar a las personas que “puedan aportar al conocimiento de la verdad sobre todo lo actuado por la CICIG”. Según el acuerdo legislativo, las investigaciones realizadas por la CICIG no se ajustaron a lo estipulado en la Constitución del país.

MIRA: Iván Velásquez: Creación de comisión para investigar a la CICIG es inconstitucional

Según el acuerdo legislativo, el plazo de trabajo de la comisión de la verdad vence el 10 de enero de 2020. Luego, deberá presentar un informe final con la información recibida.

La creación de esta comisión se da luego de que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenara la suspensión de una comisión parlamentaria creada a finales de septiembre por el ente legislativo y que pretendía investigar las actuaciones de la CICIG durante sus 12 años de funciones en el país centroamericano.

Iván Velásquez, excomisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala dijo a CNN que considera que la creación de la comisión había sido inconstitucional y aclaró que las investigaciones de la comisión se hicieron con la colaboración del Ministerio Público de Guatemala.

A inicios e 2019, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, dio por terminado unilateralmente el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, organismo creado en conjunto entre el gobierno y la Organización de las Naciones Unidas que investigaba casos de corrupción en Guatemala.

La Procuraduría, la ciudadanía y parte de la comunidad internacional rechazaron la decisión del Gobierno.

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