Juez anula partes clave de la Ley 10
MADISON, Wis. (TELEMUNDO WI) - Un juez del condado de Dane dictaminó el lunes que una ley de Wisconsin que prohibía a los sindicatos de trabajadores públicos negociar colectivamente era inconstitucional y rechazó la solicitud de la Legislatura controlada por los republicanos de redefinir una distinción clave dentro de la ley.
La ley, Ley 10, fue un logro emblemático para el exgobernador Scott Walker y los republicanos poco después de tomar el control total del gobierno estatal en 2011. La ley impuso restricciones a lo que los sindicatos de empleados públicos pueden negociar con las agencias gubernamentales.
La Ley 10 se aplicaba a la mayoría de los empleados públicos, pero hacía una excepción con los sindicatos de policías y bomberos. La ley permitía a los "empleados de seguridad pública" conservar sus derechos de negociación colectiva, pero se los quitaba a los trabajadores públicos en general.
En julio , el juez del Tribunal de Circuito del condado de Dane, Jacob Frost, dictaminó que esa distinción violaba la constitución estatal. En su fallo del lunes, Frost rechazó el intento de la Legislatura de que Frost sólo eliminara la definición de "empleado de seguridad pública" de la ley, manteniendo la distinción en sí.
"La Ley 10, tal como la redactó la Legislatura, define de manera específica y restringida el término 'empleado de seguridad pública'. Esa definición es inconstitucional", escribió Frost. "La Legislatura no cita ningún precedente para este argumento audaz de que simplemente debería eliminar la definición ilegal y dejar que una agencia y los tribunales definan más adelante lo que consideren apropiado".
La decisión es una victoria importante para los sindicatos de docentes, que estuvieron al frente de las masivas protestas de 2011. Peggy Wirtz-Olsen, presidenta del Consejo de la Asociación de Educación de Wisconsin, dijo que poner fin a la Ley 10 ayudaría a reclutar nuevos docentes.
Wirtz-Olsen, profesora de secundaria en Marshfield, dijo que si se confirma el fallo del lunes, será mucho más fácil para los educadores organizarse. Señaló específicamente la sección de la Ley 10 que exige que los sindicatos de trabajadores públicos celebren elecciones anuales para certificar su sindicato.
"Estamos tremendamente preocupados por la pérdida de educadores en la profesión docente y por la pérdida de voz y voto en nuestro lugar de trabajo y en lo que sucede en nuestras aulas, y, sinceramente, nuestras condiciones de trabajo son las condiciones de aprendizaje de nuestros estudiantes", dijo Wirtz-Olsen. "Por lo tanto, este es un gran paso adelante".
Walker publicó un video en la red social X el lunes por la tarde, en el que calificó la decisión como "un regalo de Navidad adelantado para los grandes jefes sindicales del gobierno". Walker sostuvo que la ley ayudó a los gobiernos locales a ahorrar dinero y, al mismo tiempo, facilitó a los distritos escolares la tarea de conservar y recompensar a sus mejores maestros.
"Más que ahorros presupuestarios, nuestras reformas permitieron a las escuelas contratar personal en función de los méritos y pagar salarios en función del desempeño", dijo Walker. "Eso significa que podemos poner a los mejores y más brillantes en las aulas. Verán, la negociación colectiva no es un derecho. Es un derecho costoso".
Los líderes legislativos republicanos prometieron el lunes que apelarán la decisión de Frost. Tanto el presidente de la Asamblea, Robin Vos, como el líder de la mayoría del Senado, Devin LeMahieu, señalaron que las impugnaciones anteriores a la Ley 10 no tuvieron éxito.
“ Esta demanda se ha presentado más de una década después de que la Ley 10 se convirtiera en ley y después de que muchos tribunales rechazaran las mismas impugnaciones legales sin fundamento”, dijo Vos en un comunicado. “La Ley 10 ha ahorrado a los contribuyentes de Wisconsin más de 16 mil millones de dólares. Esperamos presentar nuestros argumentos en la apelación”.
Uno de los momentos más memorables durante la lucha por la Ley 10 fue cuando 14 senadores demócratas estatales huyeron a Illinois en un intento de bloquear la votación del Senado sobre la legislación. El senador estatal Chris Larson (demócrata de Milwaukee), que fue uno de los legisladores que fue a Rockford, dijo en una entrevista el lunes que el fallo se había hecho esperar mucho tiempo porque la ley era fundamentalmente injusta.
"La división entre decir que algunos trabajadores tienen derecho a negociar colectivamente y otros no se basa simplemente en el favoritismo político de Scott Walker", dijo Larson. "Y en ayudar a quienes lo ayudaron y castigar a quienes se opusieron a él".
Rick Esenberg, presidente del Instituto de Derecho y Libertad de Wisconsin, un grupo conservador, apoyó la Ley 10 hace más de una década. La Corte Suprema del estado y un tribunal de apelaciones federal confirmaron la ley en 2014.
Esenberg dijo que la separación de clases de trabajadores por parte de los legisladores era una forma de hacer acuerdos políticos y que los tribunales deberían permitir que los votantes tengan la última palabra sobre si eso es permisible.
"Hay que darles margen de maniobra para que hagan estas distinciones y lleguen a acuerdos entre ellos", dijo Esenberg. "Y creo que este tipo de escrutinio es incoherente con la forma en que los tribunales federales y estatales han tratado estas demandas de protección igualitaria".
Con una mayoría liberal en la Corte Suprema de Wisconsin después de la elección de la jueza Janet Protasiewicz en 2023, es probable que el tribunal más alto del estado confirme el fallo de Frost.
Ben Wikler, presidente del Partido Demócrata de Wisconsin, dijo que creía que la carrera por la Corte Suprema en 2025 girará en gran medida en torno a lo que haga el presidente electo Donald Trump una vez que regrese a la Casa Blanca. Wikler sugirió que 2025 podría reflejar lo que sucedió en Wisconsin en 2011 si Trump promulga políticas controvertidas, como recortes de impuestos que benefician desproporcionadamente a los ricos.
"Se trata de utilizar una elección que se basó en gran medida en otros temas", dijo Wikler. "Para intentar de repente destrozar el país y utilizar eso para minar los servicios públicos que benefician a todos y a los trabajadores de todo el país y enriquecer a los súper ricos".
El caso pone aún más atención en las elecciones a la Corte Suprema de la primavera de 2025. Los liberales tienen actualmente una mayoría de 4-3 en la corte, y el equilibrio de poder volverá a estar en juego. La jueza liberal Ann Walsh Bradley no busca la reelección y, a partir de ahora, la contienda de primavera será entre el conservador Brad Schimel y la progresista Susan Crawford.