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La justicia inmigratoria en EE.UU.

Por Paula Bravo Medina

Nota del editor: Felipe Ribadeneira tiene un Ph. D. en filosofía, con especialidad en Kant, Heidegger y filosofía política. Es miembro del consejo consultivo del Graduate School of Political Management de George Washington University. Fue editorialista del Diario Hoy, de Quito, Ecuador. Sus artículos se han publicado en blogs y revistas.

(CNN Español) — Según algunos estudios, alrededor de 20% de los estadounidenses está en contra de la inmigración ilegal. Aquí más que el porcentaje importa el principio: quienes violan la ley deben ser castigados.

El Gobierno de Trump insiste asimismo que la acogida que brinda el TPS (El Estatus de Protección Temporal) a cientos de miles de inmigrantes de países como Nicaragua, El Salvador, Haití o Sudán, era temporal y no debía durar más que la tragedia surgida de las respectivas guerras o desastres naturales. Y se entiende: el Estado democrático debe cumplir con los términos de sus propias políticas, o cambiarlas. Entonces es posible creer que hay un sentido, que es importante, en el que el Gobierno de Trump está haciendo justicia.

Además, la detención de inmigrantes indocumentados no es nada nuevo, fue incluso mayor durante los primeros (no en los últimos) años del Gobierno de Obama que en los de Trump. Tampoco es nada nuevo que la Justicia, vista por uno de sus lados, sea ciega, fría y pueda incluso llegar a ser cruel: que se haga justicia aunque perezca el mundo, decían los romanos. Y es que la legitimidad de cualquier sistema normativo depende de la aplicación real, continua, imparcial y consistente de las normas que la componen.

Mas este es un Gobierno que con frecuencia actúa irracionalmente. ¿Qué sentido tiene mentir sobre la incidencia de criminalidad y terrorismo entre los inmigrantes indocumentados? De los mal llamados ilegales, los que entraron sin permiso cometieron un delito menor, mientras que los que ingresaron legalmente, pero se quedaron sin autorización, cometieron un delito civil. A nadie se le ocurriría decir que todo el que alguna vez cometió un delito es un criminal, o un ilegal. No deja de ser altamente irónico que Trump ande diciendo eso respecto de muchos inmigrantes. Obviamente la idea es azuzar el miedo, que se apacigua con medidas protectoras. Tratándose de Trump, es preciso montar un show de protección en la frontera sur, que ya no puede ser imaginada como una franja dilatada y porosa en la que se topan personas, dos Estados, y varias culturas, sino como un abismo que separa la civilización de la barbarie, la virtud del vicio, y el blanco del café. Y así llegamos al espectáculo vergonzoso de la pared fronteriza, el ejército, las metralletas, los lentes de visión nocturna, y el resto de la parafernalia castrense. Este show no es sólo vergonzoso por cómo concibe ciertas categorías de personas y la relación entre dos naciones, sino que además es (instrumentalmente) irracional: no soluciona nada. Es una solución basada en la ficción esa tan estadounidense de que, mientras más pistolas, balas y violencia, mejor. A un problema falazmente planteado, Trump ofrece una feísima solución estética.

Es sin embargo un show de consecuencias gravísimas para muchas personas. Antes de Trump, en el 2016, había en promedio 34.300 inmigrantes indocumentados detenidos, hoy hay 44.600.

Si bien en el Gobierno de Obama hubo casos excepcionales y justificables de niños que fueron separados de sus padres, el Gobierno de Trump ha separado a casi 3.000 niños y posiblemente muchos más, y a pesar de que el fallo de una corte las prohibió, las separaciones siguen. Hay 699.350 personas que se habían acogido a DACA y que pudieran perder sus permisos de trabajo y ser deportadas. Hay alrededor de 200.000 niños, hijos de un padre protegido por DACA. Vemos que las nuevas políticas no sólo consisten en mostrar una fuerza protectora, sino que tienen que ser altamente punitivas. Los detenidos son parte de lo que ha sido ya llamado el gulag estadounidense. EE.UU. tiene 5% de la población mundial pero alberga a 25% de los presos. Que Trump y su Gobierno mientan sobre la incidencia de criminalidad sirve entonces no sólo para atemorizar, sino también para justificar el castigo, para disminuir al máximo los derechos y protecciones de los inmigrantes.

Decíamos que se puede creer que en cierto sentido, al aplicar las leyes inmigratorias, se está haciendo Justicia. Si en efecto al aplicarlas no se están violando otras leyes de mayor jerarquía jurídica y moral, como las de derechos humanos, es una pregunta interesante que algunos tribunales de justicia estarán estudiando. ¿Es legal lo que están haciendo con los niños? Un síntoma de que este Gobierno no está actuando bien es el perdón al perseguidor de inmigrantes Arpaio. Pero independientemente de la legalidad de sus actos, en otro sentido, el Gobierno de Trump está actuando con gran injusticia, y con irracionalidad (normativa). Porque una democracia no sólo acata y hace acatar sus leyes, sino que está sometida al debate de si éstas son justas o no y por qué.

EE.UU. está pasando por un momento gravísimo por la degeneración del Congreso. Pero no sólo en el órgano legislativo se ha degenerado el debate democrático. Tenemos un presidente que con frecuencia miente, que no averigua los hechos, y que no analiza las circunstancias políticas. Tenemos el influyente coro mediático aquel, compuesto en su parte central por Fox News, institución reñida con la ética periodística. Y precisamente un debate sobre

inmigración serio, democrático, capaz de reformar las leyes inmigratorias es hoy urgente. ¿Cuáles son los elementos de la justicia inmigratoria? ¿Por qué y con qué limitaciones tiene un Estado derecho a controlar sus fronteras? ¿Y qué medidas humanitarias y respetuosas de la persona son las adecuadas para controlarla? ¿Qué es la identidad nacional, es una sola, y es algo que el Estado deba preservar? ¿Cuáles son los impactos económicos de la inmigración? ¿Qué derechos tienen los refugiados? ¿Se debe aceptar más o menos? ¿Debe ser estrictamente utilitaria la política relativa a quienes sin ser refugiados quieren inmigrar para tener mejores oportunidades de vida? ¿Qué derechos tienen quienes inmigraron pero no son ciudadanos? ¿Y qué derechos tienen los así llamados inmigrantes ilegales? ¿Debe una amnistía involucrar algún castigo? ¿Y qué debe hacer un Estado democrático respecto de la integración? Esas, y sin duda muchas más, son las preguntas que debemos tratar con justicia, democráticamente, y no a través de la violencia, la mentira, el engaño, y en definitiva, la irracionalidad.

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