Por John Fritze

(CNN) — El lunes, la Corte Suprema acordó decidir si el gobierno puede mantener a los no ciudadanos detenidos por períodos prolongados sin una audiencia para fijar fianza, un caso que podría tener implicaciones significativas para la represión de la inmigración por parte de la administración Trump.

En el centro de la disputa se encuentran dos residentes permanentes con tarjeta verde que habían sido condenados por delitos graves y que, según las autoridades de inmigración, debían ser deportados a la República Dominicana en un caso y a Jamaica en el otro. Uno de los hombres estuvo detenido durante siete meses y el otro durante casi dos años mientras sus casos de deportación estaban pendientes.

Ninguno de los dos tuvo una audiencia para evaluar si existía riesgo de fuga o si podían ser puestos en libertad bajo fianza.

En 2024, un tribunal federal de apelaciones de Nueva York dictaminó que la cláusula del debido proceso exige una audiencia de fianza para la detención prolongada de personas no ciudadanas. En enero, la administración Trump apeló esa decisión ante la Corte Suprema, argumentando que era "un grave error".

La ley en cuestión exige la detención obligatoria de los no ciudadanos condenados por una lista de delitos. La administración Trump reclasificó a ciertos tipos de inmigrantes para someter a un número mucho mayor de personas a la detención obligatoria, una medida que ha sido impugnada repetidamente ante los tribunales y que probablemente será revisada por la Corte Suprema.

Los dos hombres involucrados en el caso están representados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que argumentó que la Corte Suprema debería abstenerse de conocer del caso. Esto se debe, en parte, a que, según la organización, uno de los hombres ya había abandonado el país y el otro fue puesto en libertad; además, según sus abogados, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no ha intentado detenerlo nuevamente.

En 2016, la Corte Suprema aceptó examinar una impugnación similar y concluyó que la ley federal no exigía audiencias para la fijación de fianzas. Sin embargo, la decisión dividida de la corte, redactada por el juez Samuel Alito, se negó a responder si la Constitución exigiría dichas audiencias tras una detención prolongada.

«El tribunal interpreta la ley en el sentido de que prohíbe la fianza y, por lo tanto, prohíbe la celebración de una audiencia de fianza para estas personas», escribió en su voto particular el juez liberal Stephen Breyer, ya jubilado. «En mi opinión, la interpretación que hace la mayoría de la ley probablemente la haría inconstitucional».

La administración Trump también apeló la decisión del Segundo Circuito que establece que, para continuar con la detención, el gobierno debe probar que un no ciudadano representa un riesgo de fuga o es un peligro para la comunidad, con un estándar de evidencia más alto que el requerido en otros casos.

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