Juez analiza una demanda enfocada en el derecho al voto de inmigrantes naturalizados

 

MILWAUKEE (TELEMUNDO WI) - En pie de lucha así dicen estar activistas de Forward Latino y Voces de la Frontera ante una demanda presentada por Ardis Cerny, residente de Pewaukee, Wisconsin.

La querella busca que la Comisión Electoral del estado verifique los registros de votantes utilizando información del Departamento de Transporte (DOT) para asegurar que todos los votantes sean ciudadanos estadounidenses.

Christine Neumann-Ortiz, de Voces de la Frontera Acción, comentó que esta acción dificultaría el ejercicio del derecho al voto para muchos inmigrantes naturalizados. "Lo que prácticamente haría sería hacerle más difícil a ciertas personas inmigrantes naturalizados, a ejercer su derecho de voto", expresó Neumann-Ortiz.

Esta mañana durante la audiencia, el juez encargado del caso escuchó argumentos tanto a favor como en contra de la demanda. Cerny sostiene que las leyes estatales y federales exigen que todos los votantes registrados sean ciudadanos estadounidenses, denunciando que la Comisión Electoral ha omitido verificar la ciudadanía de los solicitantes de registro.

Neumann-Ortiz también subrayó la absurdidad de la demanda, afirmando que "no es un requisito que cuando te haces un ciudadano naturalizado tengas que ir al DMV para presentar un comprobante". Esta observación resalta la complejidad y las posibles injusticias de requerir información adicional que no es parte del proceso de naturalización.

Ante la amenaza que representa esta demanda, Forward Latino y Voces de la Frontera presentaron una moción para intervenir en el caso, instando al tribunal a desestimar la queja. En su argumentación, los grupos de derechos de los inmigrantes afirman que no existe ninguna ley estatal que exija la comparación de registros de votantes con la información de ciudadanía del DOT.

La situación pone de relieve las tensiones actuales en torno al derecho al voto en Estados Unidos, especialmente para las comunidades de inmigrantes. Los activistas enfatizan que este tipo de medidas podrían resultar en una exclusión injusta de ciudadanos naturalizados, obstaculizando su participación en el proceso democrático.